El Dr. Julio Cury dijo que algunas secretarías de tribunales del interior del país, entre ellas la de la Cámara Penal de San Cristóbal, está aprobando solicitudes de liquidación de honorarios “sin ofrecer siquiera motivaciones y sin tomar en cuenta las tarifas reconocidas en la Ley No. 302, sobre Honorarios de Abogados, cuyos valores no pueden ser caprichosamente alterados como lo han venido haciendo”.
El reconocido jurista aseguró que se trata de una práctica recurrente de la cual se estarían aprovechando determinados abogados para cobrarles a las contrapartes, conjuntamente con sumas consignadas en sentencias definitivas e irrevocables a favor de sus clientes, honorarios fijados al margen de los valores previstos en la Ley No. 302. Expuso que sin ser exigibles esos honorarios por encontrarse abierto el plazo para presentar recurso de impugnación, ciertos abogados se valen de autos irregularmente aprobados para colarlos, de manera clandestina, entre las sumas reclamadas a la parte perdidosa de un proceso, lo que de acuerdo con Cury puede dar lugar, según el artículo 15, a la aplicación de sanciones disciplinarias en perjuicio de esos abogados.
Cury denunció que la “práctica inadecuada y viciosa” de aprobar autos de honorarios en violación a los montos legalmente establecidos, revela el manejo impropio y poco diligente de las atribuciones de algunos auxiliares judiciales, lo que estaría “atentando contra la buena imagen del Poder Judicial que ha logrado edificar y preservar nuestro más alto tribunal”.
Consideró que la Suprema Corte de Justicia debe apoderar al Departamento de Inspectoría Judicial a fin de que ordene una investigación que confirme la diseminada inconformidad derivada de las irregularidades denunciadas, de manera que pueda posteriormente fijar audiencia en Cámara de Consejo para seguirle causas disciplinarias a los responsables de “aprobar deportivamente autos de honorarios”.
Cury manifestó que el régimen disciplinario a cargo de la Suprema Corte de Justicia, permite precisamente castigar el menosprecio a las leyes, incentivar la buena conducta de jueces y empleados judiciales, y sostener el mejor rendimiento posible del Poder Judicial.
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